¿Por qué el saliente ministro de Justicia no informó que sus 2 hermanos narcotraficantes se beneficiarán con la JEP?

 ¿Por qué el saliente ministro de Justicia no informó que sus 2 hermanos narcotraficantes se beneficiarán con la JEP?


El saliente ministro de Justicia, Jorge Londoño Ulloa, defensor a ultranza del acuerdo entre Santos y las Farc, se jugó sus últimas cartas como integrante del gabinete, respaldando en la comisión primera del senado la aprobación de la cuestionada justicia especial de paz.
El acuerdo con la guerrilla está cargado de elementos controversiales y nocivos que generaron rechazo en la sociedad. Uno de ellos y por los que millones de colombianos votaron NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre fue el de la calificación de conexidad entre el narcotráfico y el delito político de rebelión.
Hasta ahora se ha creído que los cabecillas de las Farc serán los principales beneficiados de aquella cuestionada medida. En efecto, Timochenko, Iván Márquez, Andrés París, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Pacho Chino Carlos Antonio Lozada, entre otros, tienen procesos pendientes en distintas cortes de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico (Al respecto, puede leer “Los extraditables de las Farc”).
Pero ellos no serán los únicos miembros de las Farc beneficiados con la medida que se traduce en la prohibición de conceder la extradición de guerrilleros. Tal y como se lee en el acuerdo firmado entre Santos y Timochenko, la no extradición “alcanza a todos los integrantes de las Farc-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final…”.
El extracto que hace referencia a las “personas acusadas de formar parte de dicha organización” parece haber sido hecho a la medida de las necesidades del recientemente dimitido ministro de Justicia, Jorge Londoño cuyos hermanos Óscar Alberto y Hugo Fernando están involucrados en la comercialización y tráfico de estupefacientes.
Tanto Óscar Alberto como Hugo Fernando Londoño fueron denunciados en 2002 por Gerardo Aguirre, un miliciano capturado de las Farc, quien los señaló de integrar una cuadrilla guerrillera dedicada al tráfico de coca hacia los Estados Unidos, España y otros países europeos.
Dicha célula, aseguró el delator, era liderada por los jefes terroristas alias Fabián Ramírez y alias Sonia, esta última extraditada a los Estados Unidos, país en el que purga una sentencia de 16 años y 7 meses de prisión luego de haber sido hallada culpable de los delitos de conspiración para el narcotráfico.
La denuncia presentada por el guerrillero desmovilizado estuvo acompañada de un buen número de pruebas adicionales que pusieron en evidencia la manera como operaba aquella red de narcotráfico que controlaba cultivos ilícitos en los departamentos de Huila, Putumayo y Amazonas.
Así mismo, delató a todas las personas que participaban del ilícito, 16 en total, entre las que se encuentran los 2 hermanos del ministro Londoño Ulloa a quienes en su momento se les profirió resolución acusatoria por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Seguramente, en virtud del acuerdo Santos-Timochenko, el proceso en el que están incursos llegará a su fin porque alegarán que son “personas acusadas de hacer parte de las Farc” y con eso será suficiente para que la justicia especial de paz les otorgue su respectivo fallo absolutorio.
Surgen dos interrogantes: ¿Por qué el ministro Londoño Ulloa no le contó al senado de la República que sus hermanos se beneficiarán de la JEP? Y lo que es más delicado: el silencio de la senadora Claudia Nayibe López al respecto. Valga recordar que el doctor Londoño es del mismo partido de López. ¿Por qué la vehemente legisladora que estuvo tan activa en la discusión de la JEP en la comisión primera no hizo mención al posible conflicto de intereses de su compañero de partido, el ministro de Justicia? A ella, que posa de gladiadora en la lucha contra la corrupción, se le pasó semejante detalle que en la práctica significará que los dos hermanos de Londoño –quien aspira a relevarla en el Senado en las elecciones de 2018- se salvarán de sus procesos por narcotráfico haciéndose pasar ante la justicia especial de paz como unos miembros-no miembros de las Farc.

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