La Oficina de Envigado y los Gaitanistas tienen 13.500 miembros en Antioquia’: Corpades
‘La Oficina de Envigado y los Gaitanistas tienen 13.500 miembros en Antioquia’: Corpades
El año pasado, la Oficina de Envigado le pidió dos veces al Gobierno que iniciara un proceso de negociación con ellos, para acabar con la guerra urbana que se ha extendido por más de 30 años en varios departamentos del país, sobretodo en Antioquia. A través de dos cartas, publicadas en los meses de marzo y noviembre, manifestaron su deseo y disposición para “contribuir radicalmente a la paz de nuestro país, en concordancia a la construcción del Gran acuerdo nacional de paz que Colombia se merece para la terminación total del conflicto y la generación de una paz estable y duradera con todos y para todos”.
La Oficina, que se identificó como “La Dirección Colegiada de los Grupos Urbanos Armados al Margen de la Ley”, solicitó al Gobierno que los tenga en cuenta para iniciar una fase exploratoria de negociación que tenga como fin la consolidación de la paz urbana como complemento a la paz rural. “Mediante la aplicación de la justicia transicional que nos facilite una viable disolución política, legal y social de nuestras estructuras armadas; el acompañamiento de la sociedad civil y las instituciones para un escalonado desmonte de escenarios de ilegalidad tanto en las ciudades como en el campo”, expresaron en la carta publicada en noviembre. Para adelantar dicho proceso pidieron la colaboración de la iglesia Católica, de la exsenadora Piedad Córdoba y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC).
Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y miembro del portal Análisis Urbano, que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar y denunciar el conflicto urbano, esta es una gran oportunidad para la consolidación de la paz urbana, pero tiene sus reservas con el posible proceso de negociación y sus pretensiones.
Hablamos con él para tratar de entender por qué estas estructuras, dedicadas en su mayoría a la delincuencia y al narcotráfico, deberían entrar a un proceso de negociación con el Gobierno o si, por el contrario, hay que perseguirlas como organizaciones de delincuencia común. Entrevista.
¿Qué es la Oficina de Envigado?
La Oficina es la fachada del cartel de Medellín. Es decir, el Cartel de Medellín no se ha acabado. Se ha fortalecido, transformado, como lo quiera ver, pero detrás de la Oficina están los grandes jefes del negocio.
¿Cuántos son?
Nosotros hace muchos años sostenemos que son 350 bandas en Medellín y unas 500 en el Valle de Aburrá. Para nosotros (CORPADES), más del 95% de las bandas del Valle de Aburrá, pertenecen a la Oficina y a las Autodefensas Gaitanistas. Calculamos unos 13.500 miembros en todo el Valle de Aburrá, pero hay que tener en cuenta que no todos son gatilleros. Hay campaneros, colaboradores, los que mueven el tráfico, el paga diario, los que mueven la vacuna, los que prestan la seguridad, los que están en las trincheras, los que hacen los desmebramientos, todo ese tipo de cosas.
¿Dónde opera la Oficina?
Hace presencia en los 10 municipios del Valle de Aburrá. También en varios lugares del departamento y por ejemplo con el tema del paga diario tienen control en buena parte de Antioquia, en el sur de Chile, en Brasil, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Es más, sabemos que tienen paga diario en el sur de Francia. Esto se volvió un negocio muy poderoso. También hay en Argentina, en Paraguay.
Según un estudio de la Alcaldía de Medellín, ese negocio les deja alrededor de 120 millones de dólares anuales solo en esta ciudad. Es un negocio muy grande que la Oficina en ningún momento va a dejar.
Entonces su negocio no es sólo narcotráfico ¿en qué más están metidos?
Hay que tener en cuenta algo y es, quien controla la mayoría de las rutas del tráfico de drogas son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que hace los envíos a través de la Oficina. Más del 80% de los envíos lo hacen a través de la ruta de las Autodefensas.
Por su parte también están en el negocio del contrabando, la extorsión, el lavado de activos, explotación sexual, trata de personas, tráfico de migrantes que van rumbo a Estados Unidos. También en las apuestas ilegales, el presupuesto público, prostitución, turismo sexual. Dónde hay plata están metidos.
¿Cómo se les está enfrentando y que tan debilitados están?
Partamos de lo que han dicho los que han hecho parte de la estructura: el negocio nunca para y nunca va a parar. Se mueve 24/7, día a día, mes a mes como un reloj suizo, sincronizado. Y mientras exista un negocio tan grande, con rentas tan importantes, yo te diría que siempre va a haber quien asuma el control. Evitar que siga existiendo lo que hemos llamado el crimen urbano, estas estructuras paramafiosas, es muy complicado aunque sea difícil decirlo.
Que están debilitados, vale. Pero las capturas y los decomisos no van a mermar el negocio. Capturas 20 y al otro día hay 40 disponibles. El asunto es de negocios, de territorio, de poder económico y militar real.
Pensar en un proceso de paz, en esas condiciones resultaría ingenuo. Se entregan unos y aparecen otros. Esa no parece una solución para la paz urbana…
Se podría hacer con unos requisitos previos como: liberar barrios, regular el tráfico de droga interno, acabar con el tema de estar envenenando niños y niñas para hacerlo más rentable, acabar con la explotación sexual, con el paga diario o transformar el paga diario para ser más francos. Retirar todo enfrentamiento de lugares donde habita la comunidad, acabar con fronteras, las casas de pique o de tortura, el desplazamiento forzado intraurbano, la desaparición forzada, estos podrían ser pasos importantes.
Por decirlo así, convertir esto en un crimen invisible. Que lo enfrente directamente el Estado y ellos se enfrenten con el Estado. Así vamos acabando con el crimen tan violento que tenemos acá. Pero es indispensable certificar que liberaran los barrios, o sea, que la bandera de Colombia, del estado social de derecho se pueda izar ahí. Que se pueda poner el sello de garantía de un barrio libre de violencia.
Explique eso de crimen invisible…
Ninguna sociedad en el mundo está libre de crimen. El crimen hace parte de las sociedades. Pero hay sociedades que tienen hoy, en la actualidad, un crimen invisible. Un crimen que actúa, que está metido en sus negocios pero que no se mete muy de lleno a la sociedad.
Digamos que así el proceso podría funcionar siempre y cuando no fuera solo para sacar jefes de las cárceles y convertirlos en gestores de paz para beneficio de ellos. Lo que hay que pensar aquí es cómo desmantelamos la parte militar, hacerle una reducción sustancial a ese ejército que tienen y cómo logramos cambiar el chip. Aquí cada ciclo es lo mismo: un periodo de supuesta tranquilidad seguido de un periodo de guerra y sangre.
Uno tiene que ser muy realista, el crimen no se va a acabar, el negocio es muy poderoso y del negocio vive el sistema financiero, los políticos, el Estado, la institucionalidad, miembros de las autoridades, y un grupo de la sociedad. Entonces lo que sí podemos hacer es quitarle su parte violenta, ir desmantelando la parte más violenta. Italia y Japón han logrado avanzar mucho en eso.
¿Qué más haría falta?
Iniciar el proceso de depuración de la institucionalidad. ¿Cuándo se depura el cartel de oficiales de la Policía, de oficiales del Ejército, de los carteles que están montados al interior de la institucionalidad? Para un proceso de paz urbano y un proceso de paz rural obligatoriamente hay que depurar la institucionalidad, sino esto no funciona.
¿Qué tan fragmentados están para garantizar que se acogerán, en su mayoría, a un proceso de paz?
Desde la perspectiva más real habría que decir, que si se acogen todos, muy bien. Si es una línea de la oficina, importante; si son dos líneas también. Pero lo importante es dar el primer paso y demostrar que si es posible desmantelar la parte violenta del crimen, parte de sus finanzas y desmantelar ciertas actividades que son horrorosas, como el paga diario, que es una esclavitud.
¿Son ellos un obstáculo para alcanzar la paz rural?
En este preciso momento ellos se quieren convertir en el gran obstáculo para obligar a que negocien con ellos. Yo creo que el Estado debería cogerles la caña y mientras está negociando con ellos el Estado se debe preparar con todas las herramientas para ubicar el tema de quienes no negocien obligarlos al desmantelamiento.
¿Qué actitud tiene frente a los desmovilizados de las Farc?
Algunos hombres de estas estructuras han dicho que si los desmovilizados vienen acá, y no se negocia con ellos, también se dedican a matar reinsertados. Para mí eso es una manera de presionar. En muchos barrios vienen inculcando que la gente de las Farc que vienen son el enemigo. Pero también te puedo dar un dato de fuentes confiables y es que buena parte de los grandes jefes de la Oficina o de la gente poderosa de la Oficina está segura hoy, que no se puede meter con esa gente, porque meterse con ellos es meterse con el mundo, con el Estado, con Estados Unidos y con Europa y no van a llegar a eso. Pero si van a seguir existiendo presiones.
Pero mientras no se resuelva el tema de narcotráfico acabar estas será muy difícil.
Nosotros podemos llegar a un crimen invisible siempre y cuando los forcemos a eso. Forzar no es disparar, pero si les mostramos el poder del Estado, una política criminal seria, responsable. Y el poder del Estado puede ser disuasivo, no tienen que ser a toda hora las grandes operaciones y el aniquilamiento de gente. Pero habrá que sentar a los Estados Unidos también en las negociaciones, porque en últimas, nosotros dependemos de las políticas norteamericanas.
¿Que tan imprescindible es la paz urbana para la consolidación de la paz rural?
Yo estoy convencido que la paz urbana es una parte importante para afianzar la paz rural. Lo de acá no está separado del tema rural. Pero hace falta un proceso verdadero de paz urbana, no una pacificación armada, que es unos criminales regulandose en ciertas cositas, cogobernando en esta ciudad o otras de Colombia y los grandes jefes haciendo lo que les da la gana. Yo creo que el gobierno tiene que aprovechar para sentar a la oficina y el resto de grupos.
El año pasado, la Oficina de Envigado le pidió dos veces al Gobierno que iniciara un proceso de negociación con ellos, para acabar con la guerra urbana que se ha extendido por más de 30 años en varios departamentos del país, sobretodo en Antioquia. A través de dos cartas, publicadas en los meses de marzo y noviembre, manifestaron su deseo y disposición para “contribuir radicalmente a la paz de nuestro país, en concordancia a la construcción del Gran acuerdo nacional de paz que Colombia se merece para la terminación total del conflicto y la generación de una paz estable y duradera con todos y para todos”.La Oficina, que se identificó como “La Dirección Colegiada de los Grupos Urbanos Armados al Margen de la Ley”, solicitó al Gobierno que los tenga en cuenta para iniciar una fase exploratoria de negociación que tenga como fin la consolidación de la paz urbana como complemento a la paz rural. “Mediante la aplicación de la justicia transicional que nos facilite una viable disolución política, legal y social de nuestras estructuras armadas; el acompañamiento de la sociedad civil y las instituciones para un escalonado desmonte de escenarios de ilegalidad tanto en las ciudades como en el campo”, expresaron en la carta publicada en noviembre. Para adelantar dicho proceso pidieron la colaboración de la iglesia Católica, de la exsenadora Piedad Córdoba y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC).
Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y miembro del portal Análisis Urbano, que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar y denunciar el conflicto urbano, esta es una gran oportunidad para la consolidación de la paz urbana, pero tiene sus reservas con el posible proceso de negociación y sus pretensiones.
Hablamos con él para tratar de entender por qué estas estructuras, dedicadas en su mayoría a la delincuencia y al narcotráfico, deberían entrar a un proceso de negociación con el Gobierno o si, por el contrario, hay que perseguirlas como organizaciones de delincuencia común. Entrevista.
¿Qué es la Oficina de Envigado?
La Oficina es la fachada del cartel de Medellín. Es decir, el Cartel de Medellín no se ha acabado. Se ha fortalecido, transformado, como lo quiera ver, pero detrás de la Oficina están los grandes jefes del negocio.
¿Cuántos son?
Nosotros hace muchos años sostenemos que son 350 bandas en Medellín y unas 500 en el Valle de Aburrá. Para nosotros (CORPADES), más del 95% de las bandas del Valle de Aburrá, pertenecen a la Oficina y a las Autodefensas Gaitanistas. Calculamos unos 13.500 miembros en todo el Valle de Aburrá, pero hay que tener en cuenta que no todos son gatilleros. Hay campaneros, colaboradores, los que mueven el tráfico, el paga diario, los que mueven la vacuna, los que prestan la seguridad, los que están en las trincheras, los que hacen los desmebramientos, todo ese tipo de cosas.
¿Dónde opera la Oficina?
Hace presencia en los 10 municipios del Valle de Aburrá. También en varios lugares del departamento y por ejemplo con el tema del paga diario tienen control en buena parte de Antioquia, en el sur de Chile, en Brasil, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Es más, sabemos que tienen paga diario en el sur de Francia. Esto se volvió un negocio muy poderoso. También hay en Argentina, en Paraguay.
Según un estudio de la Alcaldía de Medellín, ese negocio les deja alrededor de 120 millones de dólares anuales solo en esta ciudad. Es un negocio muy grande que la Oficina en ningún momento va a dejar.
Entonces su negocio no es sólo narcotráfico ¿en qué más están metidos?
Hay que tener en cuenta algo y es, quien controla la mayoría de las rutas del tráfico de drogas son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que hace los envíos a través de la Oficina. Más del 80% de los envíos lo hacen a través de la ruta de las Autodefensas.
Por su parte también están en el negocio del contrabando, la extorsión, el lavado de activos, explotación sexual, trata de personas, tráfico de migrantes que van rumbo a Estados Unidos. También en las apuestas ilegales, el presupuesto público, prostitución, turismo sexual. Dónde hay plata están metidos.
¿Cómo se les está enfrentando y que tan debilitados están?
Partamos de lo que han dicho los que han hecho parte de la estructura: el negocio nunca para y nunca va a parar. Se mueve 24/7, día a día, mes a mes como un reloj suizo, sincronizado. Y mientras exista un negocio tan grande, con rentas tan importantes, yo te diría que siempre va a haber quien asuma el control. Evitar que siga existiendo lo que hemos llamado el crimen urbano, estas estructuras paramafiosas, es muy complicado aunque sea difícil decirlo.
Que están debilitados, vale. Pero las capturas y los decomisos no van a mermar el negocio. Capturas 20 y al otro día hay 40 disponibles. El asunto es de negocios, de territorio, de poder económico y militar real.
Pensar en un proceso de paz, en esas condiciones resultaría ingenuo. Se entregan unos y aparecen otros. Esa no parece una solución para la paz urbana…
Se podría hacer con unos requisitos previos como: liberar barrios, regular el tráfico de droga interno, acabar con el tema de estar envenenando niños y niñas para hacerlo más rentable, acabar con la explotación sexual, con el paga diario o transformar el paga diario para ser más francos. Retirar todo enfrentamiento de lugares donde habita la comunidad, acabar con fronteras, las casas de pique o de tortura, el desplazamiento forzado intraurbano, la desaparición forzada, estos podrían ser pasos importantes.
Por decirlo así, convertir esto en un crimen invisible. Que lo enfrente directamente el Estado y ellos se enfrenten con el Estado. Así vamos acabando con el crimen tan violento que tenemos acá. Pero es indispensable certificar que liberaran los barrios, o sea, que la bandera de Colombia, del estado social de derecho se pueda izar ahí. Que se pueda poner el sello de garantía de un barrio libre de violencia.
Explique eso de crimen invisible…
Ninguna sociedad en el mundo está libre de crimen. El crimen hace parte de las sociedades. Pero hay sociedades que tienen hoy, en la actualidad, un crimen invisible. Un crimen que actúa, que está metido en sus negocios pero que no se mete muy de lleno a la sociedad.
Digamos que así el proceso podría funcionar siempre y cuando no fuera solo para sacar jefes de las cárceles y convertirlos en gestores de paz para beneficio de ellos. Lo que hay que pensar aquí es cómo desmantelamos la parte militar, hacerle una reducción sustancial a ese ejército que tienen y cómo logramos cambiar el chip. Aquí cada ciclo es lo mismo: un periodo de supuesta tranquilidad seguido de un periodo de guerra y sangre.
Uno tiene que ser muy realista, el crimen no se va a acabar, el negocio es muy poderoso y del negocio vive el sistema financiero, los políticos, el Estado, la institucionalidad, miembros de las autoridades, y un grupo de la sociedad. Entonces lo que sí podemos hacer es quitarle su parte violenta, ir desmantelando la parte más violenta. Italia y Japón han logrado avanzar mucho en eso.
¿Qué más haría falta?
Iniciar el proceso de depuración de la institucionalidad. ¿Cuándo se depura el cartel de oficiales de la Policía, de oficiales del Ejército, de los carteles que están montados al interior de la institucionalidad? Para un proceso de paz urbano y un proceso de paz rural obligatoriamente hay que depurar la institucionalidad, sino esto no funciona.
¿Qué tan fragmentados están para garantizar que se acogerán, en su mayoría, a un proceso de paz?
Desde la perspectiva más real habría que decir, que si se acogen todos, muy bien. Si es una línea de la oficina, importante; si son dos líneas también. Pero lo importante es dar el primer paso y demostrar que si es posible desmantelar la parte violenta del crimen, parte de sus finanzas y desmantelar ciertas actividades que son horrorosas, como el paga diario, que es una esclavitud.
¿Son ellos un obstáculo para alcanzar la paz rural?
En este preciso momento ellos se quieren convertir en el gran obstáculo para obligar a que negocien con ellos. Yo creo que el Estado debería cogerles la caña y mientras está negociando con ellos el Estado se debe preparar con todas las herramientas para ubicar el tema de quienes no negocien obligarlos al desmantelamiento.
¿Qué actitud tiene frente a los desmovilizados de las Farc?
Algunos hombres de estas estructuras han dicho que si los desmovilizados vienen acá, y no se negocia con ellos, también se dedican a matar reinsertados. Para mí eso es una manera de presionar. En muchos barrios vienen inculcando que la gente de las Farc que vienen son el enemigo. Pero también te puedo dar un dato de fuentes confiables y es que buena parte de los grandes jefes de la Oficina o de la gente poderosa de la Oficina está segura hoy, que no se puede meter con esa gente, porque meterse con ellos es meterse con el mundo, con el Estado, con Estados Unidos y con Europa y no van a llegar a eso. Pero si van a seguir existiendo presiones.
Pero mientras no se resuelva el tema de narcotráfico acabar estas será muy difícil.
Nosotros podemos llegar a un crimen invisible siempre y cuando los forcemos a eso. Forzar no es disparar, pero si les mostramos el poder del Estado, una política criminal seria, responsable. Y el poder del Estado puede ser disuasivo, no tienen que ser a toda hora las grandes operaciones y el aniquilamiento de gente. Pero habrá que sentar a los Estados Unidos también en las negociaciones, porque en últimas, nosotros dependemos de las políticas norteamericanas.
¿Que tan imprescindible es la paz urbana para la consolidación de la paz rural?
Yo estoy convencido que la paz urbana es una parte importante para afianzar la paz rural. Lo de acá no está separado del tema rural. Pero hace falta un proceso verdadero de paz urbana, no una pacificación armada, que es unos criminales regulandose en ciertas cositas, cogobernando en esta ciudad o otras de Colombia y los grandes jefes haciendo lo que les da la gana. Yo creo que el gobierno tiene que aprovechar para sentar a la oficina y el resto de grupos.
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