¿Quién quiere callar a la magistrada Teresita Barrera, quien lleva el caso de Mauricio Lizcano?

Había logrado desempolvar los procesos contra el Presidente del Congreso y Piedad Zuccardi pero perdió su puesto en la Corte por una acusación de la Fiscalía

Las bandas de la Terraza y la de Franklin la buscaban desde que llegó como Fiscal a Medellín en febrero de 1994. Venía de ser personera en Puerto Berrío donde permaneció cerca de un año. Allí conoció a quien sería su esposo Oscar Rico Calderón, el cura del pueblo quien dejó la sotana para seguir a Teresita.

Las pandillas se defendían haciendo lo que mejor sabían. En medio año  mataron a cinco testigos y a dos investigadores del CTI. La presión era tanta que para evitar que los dos hijos de su empleada  Maria Ofelia corrieran el mismo riesgo suyo, le pidió sacarlos del pueblo y enviarlos a Titiribí,  en Antioquia, donde vivía su mamá.  En noviembre de 1996, Teresita le vio el rostro a la muerte.

Camino de Rionegro un taxi cerró el vehículo que la transportaba. Los dos escoltas dejaron sus armas en el suelo, alzaron las manos y huyeron. Instintivamente Teresita Barrera se arrojó del carro, cerró los ojos y rezó con fuerza. Uno de los sicarios intentó dispararle pero la Mini Ingram se le trabó y en el intento por desatascarla se pegó un tiro en el pie; la bala del segundo, solo la rozó. Cuando abrió los ojos vio ya estaba rodeada por los policías que habían abatido a sus dos atacantes.

Lejos de la presión mediática, en el 2011 empezaron las batallas dentro de la misma  estructura judicial que terminarían volviéndosele un dolor de cabeza. La Fiscalía la llamó a juicio por fraude a resolución judicial por desacatar una tutela. Tres años después la Corte Suprema confirmaría su inocencia. En el 2015  tuvo que pagar tres días de cárcel por haber juzgado improcedente la detención de Liliana Pardo, la ex directora de la IDU vinculada con el carrusel de contratación de Bogotá, y dejado en libertad; una polémica decisión por la que el Consejo Nacional de la Judicatura le abrió un proceso disciplinario. Dos años después, ante el juez segundo de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por acción.

No le faltaron las críticas por su actuación frente a Alessandro Corridorri y su esposa Claudia Jaramillo, implicados en el escándalo de Interbolsa, a quienes también dejó en libertad por vencimiento de términos. Igual ocurrió con el hacker Andrés Sepúlveda para pidió su excarcelación desde la primera audiencia en el 2014, decisión que irritó al entonces fiscal Eduardo Montealegre.

Como sucedió también con la opinión pública que reaccionó igual que la prensa con rechazo al prematura libertad de Jessy Quintero y Laura Moreno cuando en el 2012 apenas comenzaba el juicio y éstas aparecían como las primeras sospechosas del asesinato del  joven estudiante Luis Andrés Colmenares. La razón de la decisión se dio por que a la Fiscalía se le había vencido el plazo para dar inicio al juicio oral

Teresita Barrera pudo ingresar a la Universidad de Medellín gracias a una beca que además le permitió ponerle distancia a Montería y a doña Carola, su mamá a quien le garantizó el sustento económico hasta su muerte en el 2001, igual que a su hermana Alicia quien desde niña perdió el oído.

En mayo del 2016 llegó al lugar en el que cualquier juez aspira a estar: la Corte Suprema de justicia. Fue nombrada  magistrada auxiliar de Francisco Acuña. Lo primero que hizo al llegar al santo santorum de la justicia fue reactivar dos procesos claves que se estaban engavetados: uno de ellos contra la senadora del Partido de la U, Piedad Zuccardi, por presuntos vínculos con los paramilitares en el departamento de Bolívar quien desde Enero del 2009 había llegado a la Corte y el otro contra el actual Presidente del Congreso Mauricio Lizcano cuyo caso había llegado también en el 2009 por presuntos vínculos con un narcotraficante conocido en el medio criminal como Patemuro y quien habría salpicado su campaña electoral al senado. En el expediente aparecía ya la compra del  predio comprado en un remate  para montar  la estación de gasolina en una carretera que cruza la localidad de Guamerú en Risaralda   en cuya tradición aparece un despojo de tierras ocurrido 20 años atrás y cuya investigación dio origen a la decisión que llevó a los directivos del canal RCN a cancelar el programa de Pirry.

El pasado 2 y  9 de septiembre del 2016, la magistrada  auxiliar interrogó en la Corte al senador  Mauricio Lizcano y a su madre Martha Arango, quien había participado activamente como gerente de su campaña política. El proceso se había abierto y Teresita Barrera empezaba su trabajo a fondo cuando la sorprendió la decisión de su jefe inmediato el magistrado Francisco Acuña quien le informó que había perdido su puesto. Debió acatar la decisión adversa de la Fiscalía quien le imputó cargos por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por acción por su actuación en el caso de Liliana Pardo, la directora del IDU.

Teresita Barrera sabe de peleas y no se amilana fácil. Mientras espera que la investigación no regrese al cajón del olvido en la oficina del magistrado Francisco Acuña y responsabilice a otro magistrado, ella enfila baterías para defenderse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Radicó una solicitud de medidas cautelares mientras se resuelve su caso a fondo que le permita seguir actuando en el único camino en el que cree: el de impartir justicia, al precio que sea.

Por: Las2orillas