Esposo De Magistrada Que Invalidó Plebiscito Tiene Grandes Contratos Con El Estado Colombiano


Por: Orlando Avendaño vía PanAm Post |

El abogado del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, fundador de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín y miembro del partido Centro Democrático, Daniel Sanín, denunció a través de su cuenta de Twitter que el esposo de la magistrada del Consejo de Estado de Colombia, Lucy Jeannette Bermúdez —quien invalidó el plebiscito del 2 de octubre—, tiene grandes contratos con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En Twitter el abogado difundió un contrato del ciudadano Carlos Augusto Gálvez Argote por COP$ 125 millones (unos US$ 41 mil), con la petrolera estatal colombiana Ecopetrol.

El objeto del contrato —el cual es de agosto de 2015—, se lee, es la “prestación de servicios de asesoría jurídica integral en todos los asuntos relacionados con los procesos penales derivados de irregularidades advertidas en ciertos contratos celebrados con la empresa Petrotiger, mediante la emisión de conceptos, la preparación de documentos (…) Así como para la eventual representación judicial de Ecopetrol”.
Se puede señalar que Carlos Augusto Gálvez Argote es, efectivamente, el esposo de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, ya que en una sentencia del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2014, se señala que “en segunda instancia el proceso se repartió a la H. Consejera doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, que con escrito fechado el 17 de enero de 2014, declaró su impedimento para asumir su conocimiento. Esgrimió como razón que su cónyuge, el doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, es pensionado de CAJANAL como Magistrado de Alta Corte…”.
Lucy Jeannette Bermúdez ordenó este lunes 19 de diciembre, desde su puesto como magistrada en la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia, que el Congreso de Colombia y el presidente Juan Manuel Santos debían continuar con el acuerdo de paz con las FARC, el cual fue rechazado por medio del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre.
De esa manera, la decisión del Consejo de Estado ordena la continuación de los acuerdos de paz que fueron rechazados, invalidando así los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre.

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