Zuluaga: Mientras Santos negociaba con las FARC en La Habana, Colombia se inundó de cocaína
El acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) impuesto por el presidente Juan Manuel Santos costó al país sudamericano un retroceso en materia antidrogas, afirmó a el Nuevo Herald Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial por el Centro Democrático.
Lo más grave, según este dirigente que defendió el No ganador en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, es que el gobierno parece haber sacrificado no solo la lucha contra el narcotráfico por complacer a las FARC, también habría puesto en jaque la institucionalidad democrática que le costó 200 años a Colombia, en procura de los alcances del convenio. “Quiero decirles a todos los latinoamericanos que hoy Colombia naufragó”, aseveró.
De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, el área neta con cultivos de coca para el 2015 se había disparado en 39 por ciento con respecto al 2014, pasando de 69,000 hectáreas a 96,000 hectáreas en solo un año.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Matínez, indicó recientemente que el país, según proyecciones de la ONU cerró el 2016 con una cifra que oscila en las 130,000 hectáreas de sembradíos ilegales, aunque, indicó el funcionario, los norteamericanos proyectan que la cifra asciende a las 200,000 hectáreas.
Los números serían aún más dramáticos para Zuluaga, quien de nuevo se encuentra en fase de precandidato a la Presidencia de Colombia y quien recuerda que a la salida de Álvaro Uribe Vélez el índice se ubicaba en 45,000 hectáreas de cultivos ilegales. “Hoy Colombia está inundada de cocaína. El área sembrada el año pasado superó las 230,000 hectáreas. La producción de cocaína ya superó las 800 toneladas. Esas 800 toneladas valoradas a $30 millones por tonelada, representan cerca de $25,000 millones que movería ese negocio con la producción de Colombia”.
Según Zuluaga, el aumento de la producción del narcótico se debe a que Santos habría descuidado la erradicación de cultivos, focalizado en el acuerdo de paz con el grupo guerrillero. “Volvimos a superar niveles de antes de 1998 cuando se dio el Plan Colombia y la responsabilidad es del Gobierno, que bajó la guardia. Mientras negociaba con las FARC en La Habana, suspendió las fumigaciones, la aspersión, la erradicación”.
El acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) impuesto por el presidente Juan Manuel Santos costó al país sudamericano un retroceso en materia antidrogas, afirmó a el Nuevo Herald Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial por el Centro Democrático.
Lo más grave, según este dirigente que defendió el No ganador en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, es que el gobierno parece haber sacrificado no solo la lucha contra el narcotráfico por complacer a las FARC, también habría puesto en jaque la institucionalidad democrática que le costó 200 años a Colombia, en procura de los alcances del convenio. “Quiero decirles a todos los latinoamericanos que hoy Colombia naufragó”, aseveró.
De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, el área neta con cultivos de coca para el 2015 se había disparado en 39 por ciento con respecto al 2014, pasando de 69,000 hectáreas a 96,000 hectáreas en solo un año.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Matínez, indicó recientemente que el país, según proyecciones de la ONU cerró el 2016 con una cifra que oscila en las 130,000 hectáreas de sembradíos ilegales, aunque, indicó el funcionario, los norteamericanos proyectan que la cifra asciende a las 200,000 hectáreas.
Los números serían aún más dramáticos para Zuluaga, quien de nuevo se encuentra en fase de precandidato a la Presidencia de Colombia y quien recuerda que a la salida de Álvaro Uribe Vélez el índice se ubicaba en 45,000 hectáreas de cultivos ilegales. “Hoy Colombia está inundada de cocaína. El área sembrada el año pasado superó las 230,000 hectáreas. La producción de cocaína ya superó las 800 toneladas. Esas 800 toneladas valoradas a $30 millones por tonelada, representan cerca de $25,000 millones que movería ese negocio con la producción de Colombia”.
Según Zuluaga, el aumento de la producción del narcótico se debe a que Santos habría descuidado la erradicación de cultivos, focalizado en el acuerdo de paz con el grupo guerrillero. “Volvimos a superar niveles de antes de 1998 cuando se dio el Plan Colombia y la responsabilidad es del Gobierno, que bajó la guardia. Mientras negociaba con las FARC en La Habana, suspendió las fumigaciones, la aspersión, la erradicación”.
Narcotráfico como delito político
El acuerdo de paz del gobierno de Santos con la guerrilla de las FARC establece, además, que el narcotráfico pasa a ser un delito político en Colombia. “Es como que no pasó nada, reconocerles que era parte de su actividad criminal y que estaba bien que se financiaran para poder costear su aparato criminal y de terror contra los colombianos”. El dirigente afirma que el país se encuentra indignado por el trato concedido a la guerrilla narcoterrorista.
“Mientras Santos negociaba con las FARC en La Habana, pues las FARC aprovecharon para aumentar el cultivo ilícito. Esta quizá va a ser la operación de lavado de dinero más grande en la historia del mundo. Al llevar el narcotráfico a la categoría de delito político lo que se le está dando a la sociedad es un mensaje muy grave sobre la actividad que ha financiado a los grupos al margen de la Ley. Hoy en Colombia, según el propio Fiscal General de la Nación, hay 3,500 bandas criminales. Los frentes de las FARC, que estaban involucrados en el negocio del narcotráfico, no se han desmovilizado, siguen en el negocio”.
El acuerdo establece que los integrantes de la guerrilla no sean extraditados y que sean elegibles en cargos políticos. Para Zuluaga, Santos no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos en un proceso comicial referendario en el cual el No se impuso, pese a carecer de tanta publicidad como el Sí pretendido por su administración. El mandatario, además, está cambiando la institucionalidad y las leyes, en pro del acuerdo con las FARC, con medidas tales como el “fast track”.
“El ‘fast track’ es otra violación de la Constitución. Para complacer a las FARC, reducir para una reforma a cuatro debates en vez de ocho. Y lo que es más grave, prácticamente se castró al Congreso, porque el Congreso no puede introducir modificaciones sin el visto bueno del gobierno Nacional. Se acabó la división de poderes en Colombia, que es el principio esencial de lo que debe ser una democracia. Es un Golpe de Estado lo que ha dado el presidente Santos. Así actúan las dictaduras, y Santos ha actuado como un dictador, disfrazado de demócrata.”
Zuluaga resalta que el acuerdo en nada comprometió a las FARC con el fin del flagelo de las drogas. “Es un pésimo precedente para la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Es un precedente funesto, un pésimo ejemplo y desconcertante para los colombianos que hemos sufrido como ningún otro país por cuenta del narcotráfico. Ellos no se comprometieron a entregar laboratorios ni rutas aéreas. Ellos no se comprometieron a obligar la desmovilización de los frentes que están en el negocio, entonces el problema le sigue quedando a la sociedad colombiana”.
En cuanto a los secuestrados dijo que: “Las víctimas de las FARC han denunciado con un listado de 670 colombianos que fueron secuestrados por las FARC y ahora están desaparecidos. Y las FARC no asumen ninguna responsabilidad. Y lo mismo ocurre con los menores secuestrados de manera forzada. La Fiscalía tiene documentados 11,500 casos y las FARC ha entregado 13. Eso es una burla para el país, eso es un crimen de lesa humanidad lo que ha hecho las FARC. Pero no pasa nada, porque ese es un acuerdo basado en la impunidad. Es la entrega del país a las FARC, es diseñar la Constitución y ajustarla para complacer a las FARC”.
El acuerdo de paz del gobierno de Santos con la guerrilla de las FARC establece, además, que el narcotráfico pasa a ser un delito político en Colombia. “Es como que no pasó nada, reconocerles que era parte de su actividad criminal y que estaba bien que se financiaran para poder costear su aparato criminal y de terror contra los colombianos”. El dirigente afirma que el país se encuentra indignado por el trato concedido a la guerrilla narcoterrorista.
“Mientras Santos negociaba con las FARC en La Habana, pues las FARC aprovecharon para aumentar el cultivo ilícito. Esta quizá va a ser la operación de lavado de dinero más grande en la historia del mundo. Al llevar el narcotráfico a la categoría de delito político lo que se le está dando a la sociedad es un mensaje muy grave sobre la actividad que ha financiado a los grupos al margen de la Ley. Hoy en Colombia, según el propio Fiscal General de la Nación, hay 3,500 bandas criminales. Los frentes de las FARC, que estaban involucrados en el negocio del narcotráfico, no se han desmovilizado, siguen en el negocio”.
El acuerdo establece que los integrantes de la guerrilla no sean extraditados y que sean elegibles en cargos políticos. Para Zuluaga, Santos no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos en un proceso comicial referendario en el cual el No se impuso, pese a carecer de tanta publicidad como el Sí pretendido por su administración. El mandatario, además, está cambiando la institucionalidad y las leyes, en pro del acuerdo con las FARC, con medidas tales como el “fast track”.
“El ‘fast track’ es otra violación de la Constitución. Para complacer a las FARC, reducir para una reforma a cuatro debates en vez de ocho. Y lo que es más grave, prácticamente se castró al Congreso, porque el Congreso no puede introducir modificaciones sin el visto bueno del gobierno Nacional. Se acabó la división de poderes en Colombia, que es el principio esencial de lo que debe ser una democracia. Es un Golpe de Estado lo que ha dado el presidente Santos. Así actúan las dictaduras, y Santos ha actuado como un dictador, disfrazado de demócrata.”
Zuluaga resalta que el acuerdo en nada comprometió a las FARC con el fin del flagelo de las drogas. “Es un pésimo precedente para la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Es un precedente funesto, un pésimo ejemplo y desconcertante para los colombianos que hemos sufrido como ningún otro país por cuenta del narcotráfico. Ellos no se comprometieron a entregar laboratorios ni rutas aéreas. Ellos no se comprometieron a obligar la desmovilización de los frentes que están en el negocio, entonces el problema le sigue quedando a la sociedad colombiana”.
En cuanto a los secuestrados dijo que: “Las víctimas de las FARC han denunciado con un listado de 670 colombianos que fueron secuestrados por las FARC y ahora están desaparecidos. Y las FARC no asumen ninguna responsabilidad. Y lo mismo ocurre con los menores secuestrados de manera forzada. La Fiscalía tiene documentados 11,500 casos y las FARC ha entregado 13. Eso es una burla para el país, eso es un crimen de lesa humanidad lo que ha hecho las FARC. Pero no pasa nada, porque ese es un acuerdo basado en la impunidad. Es la entrega del país a las FARC, es diseñar la Constitución y ajustarla para complacer a las FARC”.
Caso del hacker
Zuluaga compartió gabinete con el actual mandatario neogranadino en el segundo gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, de 2006 a 2010, como ministro de Hacienda. Recientemente, la Fiscalía General de Colombia archivó una investigación que adelantaba en su contra, bajo el señalamiento de que habría tenido conocimiento y participación en las actividades del hacker Andrés Sepúlveda. La justicia lo absolvió y aclaró que no estuvo implicado en estas acciones ilegales.
“La decisión de la Fiscalía confirma lo que siempre dijimos durante mi campaña presidencial en el 2014, que la campaña siempre actuó de manera honesta y ajustada a la ley. No hay prueba alguna que pueda comprometer mi campaña con actuaciones al margen de la ley. Y por el contrario, esto abre las puertas para que se conozca la verdad en el país. En noviembre del año pasado, introduje una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con pruebas y testimonios públicos, uno de ellos, del tercer hombre más importante en la Fiscalía, donde se muestra como fue la operación de infiltración criminal a mi campaña, con el propósito de desestabilizarla y evitar que yo ganara la presidencia de Colombia”.
Calificó de complot lo ocurrido y acusó a un organismo público por la campaña de descrédito. “Las personas infiltradas son fuentes pagas de la Dirección Nacional de Inteligencia que es el máximo organismo de seguridad del Estado adscrito a la presidencia de la República. Hay evidencias muy claras. Estas eran fuentes pagadas con recursos públicos, recursos del presupuesto general de la nación de la cuenta de gastos reservados. Por eso es tan importante que la Fiscalía avance en esta investigación, porque esto puede comprometer la legitimidad de la elección de 2014”.
Zuluaga compartió gabinete con el actual mandatario neogranadino en el segundo gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, de 2006 a 2010, como ministro de Hacienda. Recientemente, la Fiscalía General de Colombia archivó una investigación que adelantaba en su contra, bajo el señalamiento de que habría tenido conocimiento y participación en las actividades del hacker Andrés Sepúlveda. La justicia lo absolvió y aclaró que no estuvo implicado en estas acciones ilegales.
“La decisión de la Fiscalía confirma lo que siempre dijimos durante mi campaña presidencial en el 2014, que la campaña siempre actuó de manera honesta y ajustada a la ley. No hay prueba alguna que pueda comprometer mi campaña con actuaciones al margen de la ley. Y por el contrario, esto abre las puertas para que se conozca la verdad en el país. En noviembre del año pasado, introduje una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con pruebas y testimonios públicos, uno de ellos, del tercer hombre más importante en la Fiscalía, donde se muestra como fue la operación de infiltración criminal a mi campaña, con el propósito de desestabilizarla y evitar que yo ganara la presidencia de Colombia”.
Calificó de complot lo ocurrido y acusó a un organismo público por la campaña de descrédito. “Las personas infiltradas son fuentes pagas de la Dirección Nacional de Inteligencia que es el máximo organismo de seguridad del Estado adscrito a la presidencia de la República. Hay evidencias muy claras. Estas eran fuentes pagadas con recursos públicos, recursos del presupuesto general de la nación de la cuenta de gastos reservados. Por eso es tan importante que la Fiscalía avance en esta investigación, porque esto puede comprometer la legitimidad de la elección de 2014”.
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