La Corte sabe que no favoreció a los colombianos sino al Gobierno Santos
Con las reglas de juego que amañaron el Gobierno y sus mayorías en el Congreso y la Corte, se votó el Plebiscito y para sorpresa general ganó el NO. Pero esa victoria, obtenida contra la presión y el abuso de los factores de poder públicos y privados, el derroche de dineros oficiales, la conversión de los despachos públicos en jefaturas de debate, no produjo ningún resultado político ni jurídico, porque las instancias oficiales se dedicaron a desconocer sus resultados, diciendo primero que fueron producto de la mentira y el engaño y luego, precipitando decisiones que, como las antes referidas, deslegitiman el sistema político.
Fragmento de la columna de Jaime Castro publicada el 9 de enero de 2017.
El Congreso aprobó el Acto Legislativo 1 de 2016 que crea el ‘fast track’ y la ley habilitante y que incorpora textos redactados en La Habana. Fast track es el procedimiento exprés que empezó a utilizar el congreso para expedir reformas constitucionales y leyes. Los procedimientos que las constituciones establecen para el trabajo de sus congresos o parlamentos no son normas meramente adjetivas o procesales, sino reglas de juego que hacen parte del acuerdo sobre lo fundamental, porque contienen obligaciones y garantías para todos los actores de la vida pública, por lo cual son textos constitucionales, no mera resolución de la mesa directiva de las Cámaras, ni acuerdo de las bancadas o decreto del gobierno. Sin embargo, nuestro Congreso tuvo a bien cambiarlas con nombre propio, para no perder la costumbre. Otro tanto hizo con la creación de la llamada ley habilitante que faculta al Presidente de la República para expedir mediante decretos con fuerza de ley las medidas que a su juicio faciliten y aseguren la ejecución del Acuerdo Final. Con algo de pudor y para no perder la vergüenza del todo, el Congreso también dispuso que lo aprobado sólo regiría a partir de la refrendación popular del Acuerdo.
El ‘fast track’ y la ley habilitante rompen la separación de poderes y acaban con la independencia de las Cámaras. La Corte olvidó que dentro del llamado equilibrio de pesos y contrapesos, propio de todos los Estados de derecho, a ella le corresponde ser el contrapeso del peso del Congreso y el Gobierno, cada vez que éstos se excedan en el ejercicio de sus atribuciones. Decidió que el Congreso no había sustituido la Constitución, como ella misma y cortes anteriores lo habían sentenciado frente a reformas de menor contenido y alcance, en aplicación de principios sentados desde las sentencias C-222/97 y C-551/03. La Corte había decidido que el Congreso sustituía la Constitución si el Congreso eliminaba privilegios de sus magistrados creando, por ejemplo, la Comisión de Aforados que reemplazara la ineficiente Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero sentenció que no la sustituía si violaba la separación de poderes y la supremacía constitucional.
La Corte tenía la obligación de precisar cuál era la refrendación popular que necesitaba el Acuerdo para que empezaran a regir el fast track y la ley habilitante. No lo hizo, porque no hubiera podido decir nada distinto a que era necesario convocar otro plebiscito o un referendo, pero como esa no era su decisión política, tampoco guardó silencio, sino que enumeró parámetros y situaciones que le permitieran al congreso establecer, como en efecto lo hizo, que las Cámaras de tiempo atrás habían cumplido el requisito de la refrendación. Con sus decisiones y omisiones la Corte satisfizo los intereses políticos del Gobierno y el Congreso.
Tanta argucia jurídica pretende legitimar el proceso. No lo logra, porque lo que lo afecta es su gran debilidad política, en la medida en que no representa la voluntad mayoritaria de la Nación, ya que no es una política de Estado, sino la política de un Gobierno, el de turno, y los partidos que lo apoyan, contra las fuerzas políticas y los sectores ciudadanos que cuestionan sus desarrollos y alcances. Hace años López Michelsen lo advirtió: “El desafío de la paz es demasiado grande para que lo asuma un solo sector del conglomerado social…debe ser empeño de toda la ciudadanía y tarea común…el liberalismo debe estar presto a secundar soluciones de paz basadas en el respeto a las opiniones de todos los sectores”.
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