Supremo venezolano quita inmunidad a parlamentarios y da poderes judiciales a Maduro

Los parlamentarios venezolanos -mayoritariamente opositores- quedaron sin inmunidad por un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente Nicolás Maduro a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo.

El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.

Justamente, esa instancia se reunirá en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.

“La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”, indica la sentencia.

A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.

Justicia militar

Con esa declaratoria, el TSJ -señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro- ha anulado todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores y que en realidad el propósito es desconocerla.

“El gobierno quiere meterle miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar”, dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.

El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”, a propósito del acuerdo legislativo.

Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la “estabilidad democrática” apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el “código de justicia militar”.

“El TSJ le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio, que podría ser militar”, dijo el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.

La corte se alineó con el gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de sancionar a Venezuela, va “en detrimento de los principios democráticos y de igualdad” del organismo.

Por:RCN