Imputarán a Orlando Cabrales y cúpula de Reficar por más de $610.000 millones en sobrecostos
EL fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez reveló que desde el próximo 7 de junio comenzarán las ocho imputaciones de cargos en contra de exfuncionarios que se habrían beneficiado con dineros de los sobrecostos que se presentaron en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Expresidentes y altos directivos de Reficar, un vicepresidente de Ecopetrol y representantes de la firma CB&I, fueron los llamados a responder por más de $ 610.000 millones.
Si bien la Contraloría habló de un desfalco de US$6.000 millones, el fiscal Martínez precisó que la investigación se centró en facturas específicas que permitían inferir hechos delictivos. Por esa razón, llamó a imputación de cargos a: Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre los años 2009-2012; Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar entre los años 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente Jurídico de Reficar entre 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder del Grupo Legal de Reficar entre 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal de la firma CB&I en 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009; y Carlos Laberto Llereda Silva, el revisor fiscal de Reficar entre 2009 y 2015.
Los delitos por los que les imputarán cargos son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según la Fiscalía, ellos serían los responsables de firmar dos convenios que terminaron por afectar las arcas del Estado y que permitieron el pago de facturas que nada tenían que ver con la obra, como por ejemplo, una cuenta de bebidas alcohólicas y masajes de spa por más de US$22.000.
Además, la Fiscalía citó a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol entre 2002 y 2006; Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol entre los años 2007 y 2015; Jaime Leonardo Flórez Múñoz, quien fue gerente de vicepresidencia de Refinación entre 2007 y 2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar entre 2006 y 2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en marcha de Reficar entre los años 2015 y 2016; Richard Cohen, exrepresentante legal de Glencore entre 2008 y 2009; Sergio de la Vega, alto ejecutivo de Glencore que fue suplente del presidente de Reficar en el año 2007; y Christian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant INC. en 2015. Esta última fue la firma auditoria que alertó sobre todos los sobrecostos y facturas que nada tenían que ver con el proyecto.
Entre las otras personas que van a ser llamadas a responder en declaración juramentada por las irregularidades están miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar. Se trata de Fabio Echeverri Correa; María Elena Velázquez; Joaquín Moreno Uribe; Carolina Rentería; Hernán Martínez, exministro de Minas de la época; Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fungió como representante de los socios minoritarios en la Junta Directiva de Ecopetrol; Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda; María Paula Jaramillo Restrepo; Bernardo Rodríguez; Juan Nicolás Rubio; Diana Constanza Calixto; Orlando Díaz; y José Alfonso Marrugo.
Todos ellos tendrán que dar explicaciones sobre la forma en que se aprobó y avaló el retiro de Glencore como socio estratégico del proyecto de Reficar sin haber recibido alguna sanción y violando los parámetros establecidos en los Conpes 3312 de 2004 y 3636 de 2005. En estos, se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio estratégico que financiara el proyecto y asumiera en su momento los sobrecostos sin afectar las arcas del Estado. Todo lo contrario, terminó sucediendo. Si bien en 2007 Glencore eligió a la sociedad CB&I, en el año 2009 sin haber financiado el proyecto se retiró, alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible. Ecopetrol asumió el 100% de las acciones de Reficar y el Estado los costos totales de la obra.
“Colombia necesita saber con la cooperación del gobierno americano los pagos que se hicieron, la forma como se distribuyeron las utilidades de CB&I en los Estados Unidos y quiénes fueron los beneficiarios de sus pagos. El gobierno de Colombia y los colombianos necesitamos asegurar la presencia de los responsables de estos delitos que se están imputando en Colombia”, sostuvo el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Agregó que cuentan con el apoyo del FBI, que ha adelantado operativos en la sede de Houston, Texas (EE.UU), de la firma de ingeniería CB&I para recolectar más pruebas.
Martínez finalmente precisó que están buscando la forma de que los ejecutivos norteamericanos que tuvieron alguna responsabilidad en los hechos, vengan a Colombia para responder por el desfalco que es 18 veces más grande que la corrupción registrada en el caso Odebrecht. Si se niegan a venir al país, la Fiscalía buscará que los extraditen.
Por:elespectador.com
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